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Día internacional de los trabajadore/as 2013

Sólo el reparto del trabajo y la riqueza acabarán con el desempleo

Martes 30 de abril de 2013, por Administradora de la web

Desde que comenzó la crisis económica, el desempleo se ha convertido en el principal problema de este país. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de personas desempleadas asciende a 6.202.700 personas, un 27,16% de la población activa, lo que supone la mayor tasa de paro en la historia de este país desde que se elabora la EPA. La situación más dramática la presentan los hogares en los que todos sus miembros activos están en paro, que rozan ya los 2 millones, y el desempleo juvenil, que alcanza ya el 57,2%, y que está provocando un éxodo masivo de jóvenes a otros países para buscarse la vida, y que, de no revertirse, supondrá la pérdida de toda una generación. En Castilla-La Mancha la situación es peor aún que en el resto del estado, ya que el número de personas paradas ascendió a 311.100, lo que supone un 31,51 % de la población activa castellano-manchega, es decir, 1 de cada 3 personas está desempleada.

En Campo de Criptana, el paro vuelve a batir nuevo record histórico, situándose ya en las 1942 personas sin empleo, y no parece que se vaya a romper esta tendencia a corto plazo.

HOMBRES

Menores de 25 De 25 a 44 Mayores de 45
127 518 342

MUJERES

Menores de 25 De 25 a 44 Mayores de 45
122 498 335

POR SECTORES

Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo previo
323 181 464 855 119

Ha pasado ya más de un año desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, que el actual gobierno impuso como la gran receta para la creación de empleo, y el balance no puede ser más desolador: 563.200 nuevas personas desempleadas, descenso generalizado de los salarios de casi un 10%, aumento de la tasa de temporalidad y una importante pérdida de prestaciones por desempleo. Pese a eso, hay voces que aún justifican el fracaso de la reforma con que fue insuficiente y piden aún más recortes.

Ante la evidencia de las cifras, el gobierno del PP, lejos de reconocer el fracaso de su política de recortes y cambiar de rumbo, sigue empeñado en querer salir de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y estrujando aún más a los que menos recursos tienen, mientras que los grandes capitales y empresas apenas han visto recortados sus beneficios. En realidad, el problema no es sólo de España, sino que responde a un proyecto de construcción europea en el que priman más a los intereses de las empresas que los derechos de las personas. Desde el Tratado de Maastrich y la entrada en el euro, hasta la reciente aprobación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pasando por el Pacto del Euro o el Pacto de Estabilidad Financiera, prácticamente todos los grandes tratados han ido encaminados a favorecer la libre circulación de capitales, a reducir la carga fiscal de las empresas y a reducir sus costes de producción para hacerlas más competitivas. En España, en concreto, desde que comenzó la crisis la reducción de la base impositiva para las grandes empresas ha sido del 44% mientras que estas sólo han reducido sus beneficios en un 13%. Así, la tasa real del impuesto de sociedades está en un 9,9% mientras que la media europea es del 26%, y eso sin contar a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que solo tributan un 1%. Por otro lado, las sucesivas reformas del IRPF también han bajado el tipo impositivo para las grandes fortunas del 65% al 50%. Así, la redistribución de la riqueza, que es una de las principales funciones de la fiscalidad de un Estado, brilla por su ausencia, y la brecha entre los que más tienen y los que ya casi no tienen nada, se ha incrementado más que nunca en estos últimos años. Es obvio que es necesario corregir esta disfunción fiscal, máxime con la tasas de pobreza y exclusión social que ha arrojado la crisis y los recortes, pero el gobierno hace oídos sordos.

Por otro lado, existe una obsesión generalizada, no sólo en el gobierno, sino prácticamente en todos los grupos políticos, también en los sindicatos mayoritarios, de adoptar cualquier medida que nos permita volver a la senda del crecimiento económico. Es evidente, que no son conscientes o no quieren serlo, de que esta crisis no es sólo una crisis económica, sino sobre todo ambiental. Existen multitud de indicadores que así lo demuestran, como puede ser el cambio climático, cuyos daños para la economía mundial son ya incalculables, o el agotamiento de los recursos naturales y energéticos (petróleo, gas, carbón, cobre, etc.) que han hecho posible los ritmos de crecimiento económico en el último siglo. En gran medida, esta crisis ambiental ha sido provocada por ese crecimiento económico de las últimas décadas, tan poco respetuoso con la Naturaleza, depredando recursos y llenando el planeta de residuos. Debemos ser conscientes de que vivimos en un planeta con recursos finitos y es imposible volver a esos ritmos de crecimiento sin poner el peligro el futuro de las generaciones futuras, y que, por tanto, empeñarse en seguir creciendo de esta manera tan insostenible, es como pisar el acelerador cuando nos acercamos al precipicio.

Si queremos un futuro mejor para nuestros hijo/as, es preciso cambiar radicalmente el modelo de desarrollo económico actual por otro más respetuoso con el medio ambiente. Existen informes bastante serios, como el de “Ideas para una España más sostenible creadora de empleo” de la Fundación EQUO, que revelan que España tiene un gran potencial de generación de empleos verdes en el ámbito de las energías renovables, de la agricultura ecológica, del transporte sostenible, de la rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente o de la gestión eficiente de los residuos. Las inversiones en estos sectores, podrían suponer una reducción significativa del desempleo, pero en última instancia, el pleno empleo sólo podrá venir por la fórmula del reparto del trabajo y de la renta, así como de la puesta en marcha de sistemas de gestión empresarial más participativos como pueden ser las cooperativas. La ecuación de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de poder adquisitivo tiene solución, y así se demuestra en el informe “21 horas: por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a tod@s a prosperar en el siglo XXI”, de la New Economics Foundation, o en experiencias como la de Marinaleda. Es sólo cuestión de voluntad política, pero no llegará mientras nuestros políticos sigan al servicio de los intereses de las grandes empresas y los poderes financieros.