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Referendum para la reforma constitucional de limitación del déficit público

Domingo 11 de septiembre de 2011, por Administradora de la web

La reforma del artículo 135 de la constitución que ha anunciado el gobierno a la vuelta de vacaciones pretende fijar un límite para el endeudamiento estructural del estado. Esto que, que en principio podría parecer algo lógico, ya que nadie puede pretender gastar más de lo que tiene, oculta sin embargo serias consecuencias para nuestro desarrollo que, ni los políticos, ni los medios de comunicación convencionales cuentan.

Para empezar se parte de una premisa falsa, ya que nos dicen que el endeudamiento del estado español es insostenible, pero no es cierto. Actualmente la deuda pública del estado español está en torno al 60% del PIB (datos del FMI de finales de 2010), lo que supone menos de un 20% de la deuda total española (pública+privada). Este nivel de endeudamiento no es en absoluto preocupante, y puede considerarse razonablemente normal, ya que es el mismo que teníamos en año 2000 y además, está por debajo del de otros estados de los que no se duda de su solvencia, como Alemania (83%), Francia (81%) o los EEUU (100%). Además este endeudamiento es muy inferior al endeudamiento privado de los bancos, las grandes empresas y los particulares del país (ver el siguiente grafico) que es donde realmente reside el problema de nuestra economía.

Entonces, ¿cómo se justifica una reforma de este calado? Está claro que cualquier economía tiene que tener un control del déficit fiscal y del endeudamiento, pero a veces es necesario endeudarse para realizar determinadas inversiones que tendrá un beneficio futuro, por lo que limitar el endeudamiento puede suponer coartar nuestras posibilidades de desarrollo. Si este mismo límite se aplicase a los particulares, la mayor parte de las familias actualmente hipotecadas, no tendrían casa porque no habrían podido endeudarse hasta esos límites. Realmente no se trata de un problema de poner un límite al endeudamiento, sino de hacer una buena gestión de la deuda, y para ello se necesitan buenos gestores, que es lo que falta entre nuestros gobernantes, y sobran corruptos.

Parece claro que esta medida es una imposición más de la UE (Francia y Alemania a la cabeza) y de los mercados financieros, para que el estado español de prioridad al pago de la deuda frente al gasto social, por lo que se trata de otro recorte más de soberanía en nuestra ya maltrecha democracia (recordemos que antes del verano se firmó el pacto del euro que también otorga competencias a la comisión europea en materia de política fiscal y presupuestaria).

Pero lo que más nos preocupa es que, una vez fijado el tope de déficit, para no alcanzarlo, se siga recortando en el gasto social, como ha venido ocurriendo en estos últimos años de crisis, en lugar de aumentar los ingresos fiscales gravando a las rentas más altas. Tanto el PSOE como el PP en el gobierno regional no han dudado en meter la tijera para recortar los salarios a los funcionarios, las pensiones y las inversiones en educación, sanidad o medio ambiente, mientras que han mantenido e incluso incrementado las partidas presupuestarias para los gastos militares o las ayudas a la banca. Con esta reforma, los recortes ya no se verían como una decisión impopular del gobierno de turno, sino como una obligación constitucional, que además dejaría la puerta abierta a futuras privatizaciones de bienes y servicios públicos (sanidad, educación, infraestructuras, etc.) que es en el fondo lo que persiguen los mercados.

Por otro lado, una reforma de este calado de nuestra carta magna, debería realizarse con el consentimiento de la población, y no de espaldas a ella. El hecho que los dos grandes partidos PSOE y PP se hayan puesto de acuerdo en la época vacacional para emprender esta reforma, por la vía rápida, y en vísperas de unas elecciones generales, es una muestra más de su talante antidemocrático y nos hace desconfiar aún más de cuál es el objetivo real de la reforma.

Por todo ello, nos negamos perder ni un ápice más de soberanía y exigimos un referendum vinculante sobre esta reforma. No a más recortes sociales para reducir el déficit fiscal y si a una mayor gravación fiscal a las grandes empresas y fortunas.

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