Mesa redonda ¡Paremos los desahucios!

Según datos recientes del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios en España de viviendas y locales se han disparado durante el primer trimestre de este año hasta alcanzar la cifra 46.559 “lanzamientos” , lo que supone 517 diarios. Si contamos desde el año 2.008, los desalojos forzosos ascienden a 185.140; aunque esta cifra no es exacta ya que no contabiliza los desalojos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones (si contabilizásemos estos últimos, la cifra estaría entorno a 400.000). En los tres primeros meses del 2.012, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas (procesos de reclamación que puedan acabar en desahucios) ascienden a 24.792, incrementándose un 14 % respecto al mismo periodo del año anterior. En total, el número de procedimientos de ejecución iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias en España.

Según palabras de Juliane Kokott, Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «las normas que regulan en España los procesos de desahucios por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores, y no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas de la hipoteca al permitir que el embargado pierda la casa antes de que pueda reclamar daños y perjuicios.»

Ante esta dramática realidad reflejada de manera descarnada en los suicidios producidos en Granada o Valencia y, en especial el último sucedido en Barakaldo; y con las protestas ciudadanas como telón de fondo cristalizadas en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; el pasado 7 de noviembre de 2.012 se reunieron los dos grandes grupos políticos de nuestro país con carácter de urgencia para intentar dar una solución de carácter legislativo al drama de los desahucios (curiosamente los mismos grupos que, todavía con el PSOE en el poder y durante los meses de gobierno del PP, se han puesto de acuerdo en contra de legislar sobre este tema respondiendo a la presión ciudadana con una brutal represión). Muy ilustrativos son los datos a los que se puede acceder en el portal lainformación.com, referentes al periodo de tiempo indicado, y donde estas dos fuerzas han rechazado propuestas como:

• Limitar la concesión de crédito: limitar hasta el 35 % el porcentaje máximo de los ingresos familiares de los hipotecados a destinar al pago mensual de la hipoteca o limitar el periodo de vida máximo de la hipoteca hasta los 25 años y no hasta los 40 o más como se daba.

• Crear un parque público de viviendas.

• Concesión de 15 días hábiles a partir de la fecha efectiva de la firma del documento de compraventa para desistir de la operación y obtener las aportaciones realizadas hasta entonces.

• Eliminar las cláusulas abusivas: como intereses moratorios, excesivos, avales desorbitados o comisiones y gastos de estudio desorbitados para la concesión del préstamo.

• Elevar el valor de tasación en las subastas.

• Alternativas para no quedarse en la calle: como un alquiler a un precio bajo.

• Dación en pago.

• Modificar las ejecuciones hipotecarias: estableciendo periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y quitas de la deuda, es decir, refinanciación de la deuda hipotecaria.

• Ayudas del Estado también para los hipotecados.

• La Solución Concursal: que consiste en que, una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, el pasivo (deuda) restante quede exonerado por decisión judicial, aunque carezca del consentimiento del acreedor.

Posterior a la celebración de dicha reunión, y sin el acuerdo del Grupo Socialista, el Partido Popular ha elaborado un “Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, nombre que recoge una moratoria de dos años a la que se podrán acoger los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos) que en 2.012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros; en los que se haya producido una “alteración significativa de las circunstancias económicas”, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos por un 1,5% en los últimos cuatro años; en los que la cuota hipotecaria supere el 50 % de los ingresos netos; en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y en las que, además, se dé alguna de estas circunstancias:

• Familia numerosa.

• Familia monoparental con dos hijos a cargo,

• Familia con algún menor de tres años.

• Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 % o dependencia que incapacite de modo permanente para un actividad laboral.

• Deudores en paro y sin prestación por desempleo.

• Víctimas de violencia de género.

• Familias en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.

Las primeras valoraciones arrojadas sobre esta Ley coinciden en que es a todas luces insuficiente ya que en España hay 17,3 millones de hogares, de los que el 45 %, 7,78 millones, obtienen unos ingresos por debajo de lo exigido en la normativa para paralizar durante dos años un desahucio (19.170,40 euros anuales). De entre esos 7,78 millones de hogares, unos 621.000, menos del 10%, están pagando de cuota hipotecaria más del 50 % de sus ingresos totales. Además, esta Ley no se aplicará con carácter retroactivo, no contempla la Dación en Pago, no responde a los problemas de los desahucios por impago de alquiler ni modifica la Ley Hipotecaria actual.

La respuesta por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se ha hecho esperar y en una carta escrita al Gobierno de España, señalan que:

En primer lugar, esta moratoria es insuficiente porque excluye a la mayoría de gente afectada a través de requisitos que son arbitrarios y discriminatorios (así por ejemplo, podrá acogerse una familia con un niño menor de tres años, pero no otra en idénticas condiciones económicas con dos niños de 4 años). Todas las personas que pueden perder su casa por motivos económicos ajenos a su voluntad, son casos vulnerables. Es significativo que de los casos de suicidio por desahucio que han hecho saltar todas las alarmas en las últimas semanas, ninguno podría acogerse al decreto.

En segundo lugar, no aborda el problema de la deuda: sólo prevé una moratoria del desahucio como máximo durante dos años en unos pocos casos. Durante ese tiempo, los intereses seguirán aumentando y cuando termine la moratoria la deuda será aún mayor. Tampoco dice nada sobre la gente ya afectada por las 400.000 ejecuciones hipotecarias que ya se han realizado en España y que son las que han generado este debate. Miles de personas condenadas a ser proscritas financieras de por vida, con deudas ilegítimas e impagables.

En tercer lugar, el Decreto puede empeorar la situación porque ignora que toda la gente afectada por desahucio de vivienda habitual es un caso de extremada vulnerabilidad. Perder la propia casa sin tener donde ir es de lo peor que le pueda suceder a una persona o familia. Por ello, todas las personas afectadas se encuentran en una situación de desesperación. Teniendo en cuenta esto, el decreto puede provocar que algunas de estas personas acaben atentando contra su propia salud para cumplir con el requisito de “enfermedad grave”, o que decidan tener un hijo para entrar en la categoría de “familia con hijo menor de 3 años”, o incluso que se produzcan denuncias falsas de violencia de género, ya que es otro de los criterios de “vulnerabilidad” establecidos por el decreto. Así, esta medida puede acabar causando más daño del que supuestamente iba a resolver.

En cualquier caso, siempre se está a tiempo de rectificar. Y aunque sea tarde, el drama de los desahucios y las deudas hipotecarias que afecta a miles de familias requiere medidas urgentes que realmente resuelvan la situación. Por ello instamos al Gobierno a que escuche a la PAH: si algo tenemos, es conocimiento exhaustivo y experiencia en la materia. No sólo: nuestras demandas cuentan con el respaldo de la mayoría de la población y, a diferencia de los bancos, nuestras opiniones no están contaminadas por intereses especulativos sino que persiguen la realización de los derechos humanos y el bienestar general.

Desde hace un tiempo ha surgido en el seno del grupo de personas que participamos en este Foro la inquietud por conocer el alcance de la situación en nuestro pueblo y la voluntad de iniciar algún tipo de espacio para intentar ayudar en lo posible y hacer frente de alguna manera a esta dramática lacra. A día de hoy, esta iniciativa choca con el handicap de la falta de datos al respecto y el desconocimiento de casos concretos. Mediante este artículo, quisiéramos hacer llegar a las personas que se encuentren envueltas en esta situación o a todas aquellas que les interese colaborar, un llamamiento para que se unan a la iniciativa ya que es imprescindible contar con su testimonio para dar los primeros pasos. Queremos resaltar que no hay nada hecho en concreto ya que es imposible iniciar nada sin la colaboración o el testimonio de alguien que se encuentre en esta situación siendo imprescindible para buscar posibles pautas o fórmulas a seguir, siempre anteponiendo la opinión y la voluntad de los afectados que se interesen por la idea con la mayor discreción que el tema merece. El objetivo es intentar plantear un espacio de ayuda y de sensibilización ciudadana sobre este drama social e intentar en la medida de lo posible plantear soluciones y alternativas.

De momento, para todos/as los/as que se encuentren en esta situación, sólo podemos mandarles un mensaje: ¡lucha y apoyo mútuo!