Sobre el problema de la vivienda

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, y con él el de la crisis económica que aún nos atenaza, no hemos parado de observar el drama de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Los informativos nos informan a diario de la cara más amarga de la crisis, los desahucios. En nuestro propio municipio sabemos de personas que se han visto obligadas a dejar su domicilio, sin que ello signifique la condonación de su deuda o de sus avalistas.

Es justo que a la hora de hacer balance de la situación, el primer paso sea la autocrítica. Hemos de asumir en cierto grado que la vorágine capitalista que vivimos en los años pasados de bonanza económica, nos abdujo de tal manera que nuestras mentes se obcecaron en ver un panorama halagüeño a corto plazo como una situación definitiva sin ver su irrealidad.

Por otra parte, es difícil justificar la actitud de bancos y cajas durante aquellos años de bonanza, ya que bombardearon publicitariamente nuestras mentes con todo tipo de facilidades crediticias buscando multiplicar sus beneficios personales e inflar una burbuja por ellos alimentada ¿Recuerdan cuando un simple trabajador entraba por la puerta de un banco o caja a por una hipoteca para su vivienda y salía de la misma con financiación no sólo para ella, sino también para los muebles, coche de alta gama y vacaciones sin que esta actividad se viera sujeta a control alguno? No parece muy ético que esta misma persona que se ha visto de la noche a la mañana sin empleo se le deje de la noche a la mañana en la calle y, además, no baste con entregar el inmueble para saldar la deuda, viéndose en un círculo vicioso de difícil salida.

Estas prácticas han provocado el surgimiento de diversas iniciativas ciudadanas, integradas en buena parte por los propios afectados. A pesar de la dificultad de la pelea contra las entidades bancarias, no sólo han conseguido aplazar o detener los desahucios, sino que también consiguieron arrancar del anterior gobierno mejoras mediante un decreto-ley que elevaba el precio mínimo de la vivienda embargada hasta el 60% de su valor de tasación. No obstante el principal caballo de batalla para estos grupos sigue siendo la dación en pago, es decir, la condonación plena de la deuda al desahuciado mediante la entrega de las llaves. A pesar de ello, considero las importantes diferencias que existen entre los que hicieron uso de los créditos fáciles para el acceso a la vivienda habitual de los que los usaron para simple especulación.

La cotidianeidad de esta tragedia hace que el debate esté en el día a día de la calle: en los bares, el entorno familiar, con los amigos… Uno, escuchando estos debates, se sorprende de ver que en el discurso de estas personas no tienen cabida formas distintas de acceso a la vivienda que las tradicionales (venta o alquiler) aún en la actual situación económica. A veces se trata otra práctica, defendida y criminalizada a la par, la okupación, fenómeno poco arraigado en nuestra localidad.

Ante esta perspectiva, creo conveniente la necesidad de dar a conocer y fomentar entre la población otros tipos de alternativas de acceso a la vivienda más acordes con la situación económica actual. Aunque recientemente concluido, creo que es digno de mención, el “Programa de Promoción Pública de Viviendas en Régimen de Autoconstrucción” de la Junta de Andalucía, diseñado con el objeto de solucionar el problema del acceso a la vivienda de las personas con menores recursos económicos, y que consistía básicamente en que el ayuntamiento ponía los terrenos, la Junta los proyectos y materiales y los autoconstructores el trabajo cooperativo necesario. Con este programa se han construido más de 3.300 viviendas repartidas por 152 municipios andaluces.

Más hincapié aún, merece otra alternativa más reciente, es el denominado “Modelo de Cooperativas de Uso”, un sistema muy desarrollado en zonas como Canadá, Alemania o los países escandinavos (en Dinamarca un tercio de la población accede a la vivienda por este sistema) y que recientemente se esta introduciendo en España de la mano de la asociación sin ánimo de lucro SostreCivic (www.sostrecivic.org), y que en definitiva, supone una opción más barata que la compra o el alquiler, donde los cooperativistas tienen derechos similares a los de un propietario sin las ataduras de una hipoteca, la presión por la posible pérdida de valor de su vivienda o la incertidumbre por la revisión del contrato de alquiler; y donde la financiación inicial procede de la Banca Ética.

Seguramente que algunos lectores conocerán más ejemplos, se trata de intentar aplicarlos, e intentar fomentar y garantizar entre la población el acceso a una vivienda de una manera más justa y más digna, estableciendo lazos de apoyo mutuo y creando una realidad los más alejada posible a las garras del gran capital y lo más cercana posible de las personas.

E.J.U.