La gran mentira de la insostenibilidad del sistema público de pensiones

Primero fue el aumento de los impuestos indirectos como el IVA; después el recorte de salarios de los funcionarios; luego vino la reforma laboral que precariza aún más el empleo; después la eliminación de ayudas sociales básicas como el cheque bebé, los 420€ de ingreso mínimo para las personas que agotaron su subsidio de desempleo, la reducción de las ayudas a las personas dependientes o la eliminación de ayudas para la emancipación de los jóvenes; hace poco nos han subido la luz y otros servicios básicos; y ahora amenazan con el retraso de la edad de jubilación y el aumento del periodo de cotización. El desmantelamiento del Estado de Bienestar que tanto costó conquistar a nuestros padres y abuelos se perpetra a marchas forzadas y no parece que haya gran contestación social a tal atentado contra los derechos sociales.

Nos repiten una y otra vez que el gobierno no puede seguir endeudándose para hacer frente al gasto social, pero al mismo tiempo el gobierno no ha dudado en movilizar ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos y a las grandes empresas, como las del sector automovilístico, en apuros. El secuestro de la soberanía popular por parte de los poderes empresariales cada vez es más patente y los gobiernos han dejado de legislar pensando en el bien común de la población, para convertirse en títeres que bailan al son que marca la banca y las grandes multinacionales. Mientras tanto, el grueso de la población, inconsciente de esta usurpación de soberanía y de derechos, sigue narcotizada por los grandes medios de comunicación controlados por estos mismos grupos de poder, anulando y reprimiendo cualquier pensamiento crítico con el sistema y siendo cómplices de esta gran mentira.

La reforma del sistema de pensiones que el gobierno lleva anunciando desde el año pasado será la culminación de una mentira que se lleva urdiendo desde hace mucho tiempo por el sector financiero para privatizar el sistema de pensiones y trasladar miles de millones de euros del solvente sistema público al sector privado. Para desmontar las tesis que vaticinan la insostenibilidad del actual sistema de pensiones no hace falta ser un experto en economía, sino simplemente tener un poco de sentido común. Veámoslo.

Antes de nada conviene que resaltar que los informes en que se apoyan los interesados en la reforma de las pensiones no son informes neutrales llevados a cabo por un comité técnico independiente. Más bien al contrario, la mayoría de ellos están financiados por fundaciones dependientes del capital financiero, como la Fundación BBVA, el Servicio de Estudios de La Caixa, o FEDEA, la fundación más importante del capital financiero en España que agrupa a los mayores bancos y cajas de ahorros. Esto es como dejar a los lobos al cuidado de los corderos, y por tanto, hay motivos más que suficientes para dudar de su veracidad.

El único argumento que esgrimen estos informes es que la evolución demográfica hará que cada vez haya más personas jubiladas y menos trabajando, de modo que será imposible que haya recursos suficientes para financiar las pensiones. El pronóstico de la Comisión Europea es que en 2050 la población en edad de trabajar disminuirá un 16%, lo que acarreará un aumento del gasto público en pensiones del 6%. Este argumento ha calado con facilidad en la sociedad y muchas personas lo han asumido con resignación. Pero en realidad se trata de una falacia, ya que aunque parece lógico pensar que cada vez habrá más personas jubiladas en relación a las que coticen, eso no supondrá la quiebra del sistema de pensiones, porque en su funcionamiento influyen otros muchos factores que deliberadamente se omiten. Más importante que la evolución demográfica es la evolución del empleo, de los salarios y de la productividad de cada persona trabajadora. Así, mientras se prevé que el número de trabajadores por pensionista pasará de 2,24 ahora a 1,15 en 2050 (una reducción de menos de la mitad), también se estima que cada trabajador/a producirá mucho más del doble de lo que produce actualmente, con lo cual podrá sostener más del doble de pensionistas que ahora. Este mismo error aparece cuando se alarma a la población indicando que ahora nos gastamos el 9% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual, concluyen, es insostenible. De nuevo se asume en las hipótesis de partida que la productividad apenas variará a lo largo de los próximos años, lo cual es un grave error. Para darse cuenta de la falsedad de esta hipótesis basta echar la vista atrás para fijarse en cómo ha evolucionado la productividad en los últimos 40 años. Por poner un ejemplo, por aquel entonces el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy, sólo el 2% trabaja en la agricultura y produce incluso más que lo que producía 40 años atrás ese 18%. Es decir, un trabajador produce hoy más alimento de lo que producían antes nueve trabajadores, y ello como consecuencia de un enorme crecimiento de la productividad del trabajador agrícola. Así pues, partiendo de la hipótesis más realista de que la productividad creciera un 1,5% por año, un crecimiento que es el promedio de crecimiento de los últimos 40 años y que incluso el Banco de España admite como razonable, el PIB de España en 2050 sería 2,25 veces mayor que ahora (sin tener en cuenta la inflación, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si ahora el PIB es, por ejemplo, 100, en 2050 sería 225. De manera que si ahora nos gastamos en pensiones nueve puntos, dejando para los no pensionistas 91 puntos, y en 2050 nos gastaremos el 15% de 225, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 192 puntos, muchos más que los 91 actuales. Los antecedentes avalan este razonamiento ya que hace 40 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y ahora nos gastamos el 9%. Se ha triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues la cantidad a repartir es mucho mayor ahora que hace 40 años. Además, existen países como Italia donde el gasto en pensiones públicas es ya del 14% del PIB y el sistema no se ha colapsado.

En realidad es fácil comprobar que los defensores de la privatización de las pensiones se equivocan continuamente en sus predicciones. Por poner un ejemplo, José A. Herce, en varios estudios para FEDEA y La Caixa aseguraba en junio de 2009 que “el sistema público de pensiones español entrará en déficit en torno al año 2020”, una predicción ampliamente difundida por los medios y que lógicamente conllevaba la natural preocupación a los ciudadanos. Pero este mismo autor había pronosticado en un trabajo publicado en 1995 que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,62% del PIB en 2000 y del 0,77% en 2005. Sin embargo, lo cierto fue que al finalizar el año 2000 la Seguridad Social no registró déficit como Herce había pronosticado sino un superávit del 0,4%, y del 1,1% en 2005. En realidad, el único sistema público que ofrece superávit es la Seguridad Social.

Por otro lado, también es falso decir que como ahora vivimos más también podemos trabajar más. Es cierto que la esperanza de vida de la población española ha aumentado en los últimos años, pero también es cierto que con el actual ritmo de vida las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares aparecen antes y por tanto tenemos menos años de salud para poder trabajar. Un reciente informe concluye que una persona de 20 años en 1998 puede esperar vivir 45 años más sin tener una de estas enfermedades crónicas, pero estos 45 años se reducen a 43,8 en el año 2005, es decir, más de un año. Lo mismo ocurre con la movilidad. Actualmente un joven de 20 años tendrá una media de 5,8 años de movilidad limitada, mientras que hace diez años era sólo de 3,8 años. Es decir, hemos podido retrasar el año de nuestra muerte, pero no hemos restrasado la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Además, la esperanza de vida no es la misma para todo el mundo ya que en España sigue habiendo clases sociales, de manera que un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años. Por tanto, es terriblemente injusto retrasar la edad de jubilación para todo el mundo por igual.

Lo que realmente hace peligrar el sistema público de pensiones, al igual que el resto de derechos sociales, no es el aumento de la esperanza de vida, sino la falta de empleo, el empleo precario, los bajos salarios, la desigual distribución de renta, la especulación financiera, el reducido gasto social…, es decir, todo lo que han provocado las políticas que imponen los que ahora quieren retrasar la edad de jubilación.

Para salvar el sistema de pensiones no hay que retrasar la edad de jubilación. Hay que empezar por acabar con este sistema productivo que prima la actividad especulativa de unos pocos y que supone un despilfarro de recursos materiales y energéticos. Hay que potenciar una actividad económica sostenible y verdaderamente orientada a satisfacer las necesidades humanas, que genere más empleo con mayores salarios y mejor distribuidos. Y también hay que plantearse que la financiación de las pensiones podría realizarse no sólo con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, sino como ocurre en otros muchos países, por medio de una fiscalidad más progresiva y que luche contra el fraude y la evasión fiscal. Esto no sólo garantizaría la sostenibilidad del sistema público de pensiones sino que permitiría aumentar las pensiones de miseria que reciben muchas personas que cotizaron con una base salarial baja, reconocer el derecho a una pensión digna de muchas mujeres que trabajaron en sus hogares toda su vida aunque no cotizaran, e incluso llegar a una renta básica incondicional que garantice una vida digna para todas la personas.

Para terminar, conviene también apuntar que, otra vez en contra de lo que nos suelen decir, las pensiones privadas son menos seguras que la gestión pública de estas. En el último año, los planes de pensiones han tenido una ganancia del 0,9%, mientras que la inflación ha sido del 2,1%, lo que significa que los propietarios de estos planes de pensiones privados han perdido un 1,2% en términos reales. Los ciudadanos deben saber que gran parte de los planes de pensiones privados son de renta variable, lo que significa que dependen de la evolución de los mercados bursátiles y por tanto son más vulnerables a las crisis financieras como la actual.

Así pues, podemos concluir que realmente no existen razones técnicas que justifiquen el trasvase del sistema público de pensiones al privado, sino que se trata de una decisión ideológica y política que está justificada por los intereses económicos de la banca y los mercados financieros. Salvar las pensiones públicas es imprescindible para garantizar el bienestar y la sostenibilidad social. No nos podemos permitir otra vuelta de tuerca más en el ajuste estructural al que estamos siendo sometidos. Los ciudadano/as debemos romper el discurso catastrofista de los que desean privatizar el sistema de pensiones y exigir al gobierno que defienda con firmeza el sistema público de reparto de pensiones, que anteponga los derechos de las personas a los intereses de la banca.