Avances (lentos) hacia una nueva política

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis económica que trajo aparejada, configuran el escenario social idóneo en el que el sistema económico imperante acelera un proceso rápido de evidente deterioro del Estado del Bienestar cristalizado en los continuos recortes en servicios básicos y el consiguiente deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población de nuestro país.

Estas circunstancias originan un caldo de cultivo en el que se gesta un descontento generalizado y un sentimiento de rechazo a las políticas llevadas a cabo por los partidos que han ocupado los órganos de poder en los distintos territorios durante las últimas décadas y que desemboca en un resurgimiento de las protestas ciudadanas organizadas a gran escala impulsadas en su mayor parte por una juventud preparada pero apartada de la toma de decisiones y con un futuro como mínimo incierto, y por una clase media que ve perdidos en un corto espacio de tiempo los avances sociales conquistados en décadas de lucha.

Como resultado, la aparición de movimientos ciudadanos con nombres tan familiares a día de hoy como el 15M, la Plataforma Antidesahucios (PAH), los Indignados, las Marchas de la Dignidad, o las distintas mareas ciudadanas; y el nacimiento en última instancia de nuevas formaciones políticas que irrumpen con fuerza en el panorama español como Podemos o, posteriormente Ciudadanos, y que amenazan seriamente con acabar con la alternancia en el poder de los partidos tradicionales.

Esta amenaza de las nuevas formaciones junto con la fuerte presión de las demandas ciudadanas, han obligado al último gobierno del Partido Popular y su presidente D. Mariano Rajoy, impulsor de un puñado de leyes de las más retrógradas de las últimas legislaturas como la “Ley Mordaza”, pensada precisamente para combatir todo este descontento, a mover ficha ante esta nueva realidad social en un intento de mantener un mínimo crédito político ante la opinión pública.

En este contexto, el 10 de diciembre de 2.013 sale publicada en el B.O.E. núm. 295, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; en cuya disposición final novena establece que “tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en ella”. A partir de aquí el ayuntamiento de Campo de Criptana, al igual que todos los demás ayuntamientos del Estado, se ve obligado por imperativo a adaptar sus estructuras a la nueva situación antes del día 10 de diciembre de este año 2.015.

**… DE LA TRANSPARENCIA ** Iniciada la nueva Legislatura en el mes de junio y tras haber transcurrido año y medio del plazo establecido sin que nuestra/os anteriores gobernantes hayan dado paso alguno en la aplicación de esta ley, corresponde a la nueva Corporación la tarea de adaptar las instituciones locales a sus disposiciones y confeccionar el marco legal pertinente. Para ello se ha constituido una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno encargada de canalizar este proceso. Esta comisión ha comenzado por la redacción de una Ordenanza sobre transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información, la cual fue aprobada finalmente por unanimidad en el Pleno celebrado el pasado día 5 de noviembre, con el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en él. El documento final se articula en seis capítulos y dos disposiciones finales en las que se recoge el texto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con las adaptaciones precisas a nuestro ámbito local.

Se trata de una normativa que desde la constitución del Foro Social venimos demandando, ante las dificultades y en muchos casos imposibilidad de los ciudadanos para poder acceder a la información pública del Ayuntamiento. Son incontables las ocasiones en que desde el Foro Social se ha solicitado información a nuestro Ayuntamiento sobre los presupuestos municipales, las liquidaciones de gasto, los sueldos y comisiones del alcalde y concejales, las ayudas a los partidos políticos, las adjudica­ciones de obra pública, los contratos de servicios como el de la empresa Aquona, etc. y siempre se nos han puesto todo tipo de trabas para obtener esta información. Sin embargo, toda esta información es pública y, como la nueva ley viene a reconocer, cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder a ella, de manera sencilla y comprensible, y el Ayuntamiento tiene que poner medios para facilitar el acceso a la misma.

Con su publicación el día nueve de noviembre en el B.O.P. núm. 221, se inició un plazo legal de treinta días para presentar reclamaciones o sugerencias previo a su publicación definitiva. Aunque es evidente que esta nueva normativa municipal supone un salto cualitativo singular en cuanto a la transparencia de las cuentas municipales se refiere, tras revisar el texto advertimos algunas carencias que, bajo nuestro punto de vista, por su importancia no pueden quedar fuera de una ordenanza de estas características. Por tal motivo el Foro Social presentó un un documento de propuestas y alegaciones que registramos con fecha 23 de noviembre para su debate en el Pleno municipal celebrado el pasado 10 de diciembre, que coincidía con el último día de plazo otorgado por la citada Ley a nuestro Ayuntamiento para adaptar las estructuras locales al cumplimiento de la misma. Debido a la coincidencia de las fechas, hicimos llegar una copia del documento a todos los grupos políticos por medio de una carta junto a un escrito instándoles a debatirlo con carácter de urgencia ya que no se tuvo a bien incluirlo en el Orden del día. El texto íntegro se puede consultar en nuestra página web www.forosocialcriptana.com (“Luces y sombras sobre la nueva normativa de transparencia”), y creemos que, al margen de ideologías, contiene un articulado que merece como mínimo un debate por nuestra/os representantes ya que incide en una serie de puntos que consideramos imprescindibles para una correcta aplicación de esta normativa en nuestro municipio.

Entre estos puntos cabe destacar que en la norma no se trata lo concerniente al “Buen Gobierno”, que las actas de las reuniones de las Comisiones Informativas deberían ser públicas, que los contratos públicos, especialmente con empresas de construcción y servicios deben hacerse públicos íntegramente o que deberían existir al menos dos debates públicos anuales (no sólo en el pleno del Ayuntamiento) abiertos a la ciudadanía sobre los presupuestos del próximo ejercicio y sobre la liquidación de cuentas del ejercicio anterior.

Incomprensiblemente nuestras alegaciones no se discutieron en dicho Pleno por motivos que no nos han sido comunicados, y de momento, en el momento de escribir estas líneas, seguimos a la espera de contestación. Es de lamentar además que esta nueva norma, que pretende facilitar el acceso ciudadano a la información pública municipal, apenas se haya publicitado y que el propio alcalde ni la mencionase en la rueda de prensa posterior al pleno.

…DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Uno de los compromisos suscritos por el nuevo Equipo de Gobierno a su llegada al Ayuntamiento, y del que sí se habló en el último Pleno, es la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana, que deberá sustituir en la práctica a otro anterior que data de los años noventa y que no ha tenido repercusión ni aplicación alguna.

Para nuestra plataforma, la inclusión dentro del marco legislativo local de ámbitos como la Transparencia, el Buen Gobierno y, sobre todo la Participación Ciudadana, creemos que supone una verdadera oportunidad histórica de dotar a nuestro Ayuntamiento de una herramienta que aborde de manera clara y seria algo que consideramos que es básico para una democracia entendida como tal. Algo que venimos reclamando prácticamente desde nuestro nacimiento como grupo cuando, ya en su momento, elaboramos una propuesta para la renovación del actual Reglamento de Participación Ciudadana, que también fue obviada por el autoritarismo de nuestros anteriores gobernantes y sus mayorías absolutas. Por tanto, esperamos que la elaboración de esta nueva normativa municipal sobre participación ciudadana haga honor a su nombre y tenga en cuenta nuestras aportaciones y la de todas las personas vecinas de Campo de Criptana.

Desde el Foro Social somos conscientes que estamos ante una oportunidad única en cuanto al afianzamiento de una verdadera democracia moderna en nuestro pueblo con la redacción y aprobación de normas locales que reflejen a nivel institucional el sentir de la sociedad y sus reivindicaciones, y que supongan en la práctica un cambio radical en la manera de entender la democracia de nuestros gobernantes. Desde nuestra plataforma valoramos positivamente estos pasos y, al mismo tiempo, nos encontramos ante la paradoja de ver como tras más de diez años de existencia luchando por estos mismos valores que representan el fomento de la participación ciudadana y la búsqueda de la transparencia en nuestras instituciones locales, basando nuestra actuación en un amplio abanico de actividades (charlas, publicaciones, campañas, debates, jornadas…), ahora son los mismos gobernantes, que en no pocas ocasiones nos han señalado, etiquetado, rechazado en nuestras demandas, e incluso coaccionado, los que los tienen que poner en valor. C’est la vie.

Creemos humildemente que, después de todos estos años de andadura, el Foro Social de Campo de Criptana, debe de considerarse un espacio de referencia en la materia y por tanto no sólo reivindicamos nuestro derecho a poder participar en el proceso, incluso con una invitación formal; sino que esperamos contar con el reconocimiento público a nuestra labor por parte de nuestros gobernantes en el momento de la aprobación del Reglamento.

Estaremos vigilantes al proceso y daremos debida cuenta en los próximos números.