El asalto a la democracia

Desde que comenzó la crisis económica a finales del 2007, se han hecho multitud de lecturas y análisis tratando de explicar las causas y sobre todo apuntando cuál debe ser el rumbo para salir de ella. La mayor parte de estos análisis coinciden en que el gran problema reside en la financiarización de la economía, o dicho de otro modo, la subordinación del sistema productivo, que tradicionalmente se ha encargado de producir los bienes y servicios que necesitamos las personas para vivir, al sistema financiero. La desregulación de los mercados financieros, las nuevas tecnologías y la creación de sofisticados productos financieros, ha hecho que la rentabilidad de las inversiones en los mercados bursátiles sea mucho mayor y más rápida que las inversiones en la economía productiva, constriñendo el flujo de capital hacia esta y provocando su estancamiento o recesión. Pero como quiera que la economía financiera es más bien una economía de casino, que no genera un crecimiento real, sino que busca el crecimiento por medio de la especulación, inflando el precio de determinados productos financieros y creando burbujas como la inmobiliaria, cuando estas explotan provocan graves crisis económicas como la presente. Sin embargo, mientras que los ingentes beneficios que producen las burbujas especulativas en su fase inflacionista van directas a los inversores, que suelen ser los bancos y las grandes empresas, las pérdidas que provoca su pinchazo acaban siendo socializadas entre toda la población con las consecuencias que ya conocemos: recortes, pérdidas de derechos sociales, privatización de empresas públicas, aumento masivo del desempleo y bajadas salariales generalizadas.

Sin embargo, en pocos foros se hacen derivadas de la crisis más allá de la esfera económica hacia otros ámbitos relacionados como la política. En el fondo de la cuestión, la financiarización de la economía no ha sido sino el fruto de la imposición de la ideología neoliberal. El neoliberalismo ha sido esgrimido por las clases más poderosas para seguir ostentando su estatus de privilegio y de dominación sobre las clases medias y bajas, bajo el paraguas de las democracias modernas. Como es lógico, cuando en un estado democrático deciden las mayorías, se acaban aplicando políticas que favorecen a la mayor parte de la población, restando privilegios a las minorías más poderosas. Por eso la ideología liberal busca reducir el Estado y lo público a la mínima expresión, tratando de dejar toda decisión, económica, política y social en manos del mercado, donde la capacidad de decisión no se reparte por igual entre las personas, sino que es directamente proporcional su capital. En este sentido es evidente que el neoliberalismo antagoniza con la democracia. En realidad no se trata de nada nuevo, pues históricamente las élites más poderosas siempre han intentado someter al resto de la población para mantener sus privilegios, pero mientras que en siglos anteriores esto se lograba directamente por el uso de la fuerza, en el contexto de las democracias modernas, esto está mal visto y hay que buscar otros mecanismos de sometimiento más sutiles, como el dogal de la deuda.

La deuda se ha convertido en el vehículo perfecto para poder aplicar las políticas neoliberales de transferencias de capital de las clases populares a las altas (recortes en prestaciones sociales, bajadas salariales, aumento de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo y reducción sobre las rentas del capital, etc.) en contra de los intereses de la mayoría de la población, pero sin apenas oposición. El gobierno insiste machaconamente en que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por ello hemos contraído una enorme deuda, y desde pequeños nos han enseñado que las deudas hay que pagarlas. Pero, ¿quien ha adquirido realmente esta deuda? ¿somos igualmente responsables de ella? Un análisis somero de las cifras oficiales del Banco de España revela que sólo el 19% de la deuda total corresponde a las administraciones públicas. El resto se reparte entre el sector bancario (27%), las empresas no financieras (34%) y los particulares (20%). Así pues, el sobreendeudamiento es fundamentalmente un problema del sector privado, principalmente de la banca y de las grandes empresas. En realidad la deuda del sector público español es una de las más bajas de la UE (está por debajo de la de otros estados como Reino Unido, Francia o la misma Alemania, donde la deuda no se considera un problema). Este aumento de la deuda pública no ha sido consecuencia de un incremento del gasto público, ya que seguimos estando por debajo del gasto medio europeo, sino al déficit fiscal, a la política fiscal regresiva de las últimas décadas. Entre 1995 y 2010 la tasa de IRPF para las rentas más altas bajó del 56% al 43%, se eliminaron los impuestos de sucesiones y patrimonio y se crearon instrumentos como las SICAV por medio de las que las sociedades financieras sólo tributan un 1%. El aumento de la deuda pública se debe también a los intereses de la misma, que han pasado de 14.538 millones de euros en 2007 a casi 40.000 millones en los presupuestos del 2013, lo que supera la inversión en ámbitos tan importantes como la educación. Pero en los últimos años el incremento se debe sobre todo al rescate del sector bancario. A junio de 2012 los fondos trasvasados de las arcas públicas a los bancos era superior a 215.000 millones de euros, a los que hay que sumar los 100.000 millones del último de rescate de UE a la banca española y del cual el estado es el último responsable de su devolución. De esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar todos/as, pero de la cual no nos hemos beneficiado.

Por eso podemos decir que buena parte de la deuda es ilegítima, porque ha sido inducida por los poderes financieros para beneficiar a una minoría privilegiada de la población, y en perjuicio de la gran mayoría. Pero, sobre todo, porque la deuda es la gran arma de dominación masiva de la que se sirven los poderes financieros para imponer las políticas que les interesa. Esta usurpación de la soberanía se ha venido realizando en los últimos años mediante la firma de distintos tratados como el Pacto del Euro y el de Estabilidad Financiera, que otorgan a la Comisión Europea competencias en la política fiscal y presupuestaria de cada uno de los estados miembros, lo que supone que ya no podemos decidir en qué gastar nuestro dinero y cómo financiarnos. Pero la mayor injerencia se ha producido en la vergonzosa reforma de la Constitución para priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social sin la más mínima consulta.

Pero si hemos llegado a esta situación es en gran medida por que los ciudadano/as nos hemos desentendido de nuestras responsabilidades democráticas. Muchos pensaron que con el fin de la dictadura y la transición a la democracia representativa, la soberanía popular ya estaba garantizada, pero nada más lejos de la realidad. La connivencia entre políticos, empresarios y banqueros, ha puesto de manifiesto que los gobiernos de nuestra democracia no legislan para las mayorías sino que están al servicio de estas minorías. Los escándalos de corrupción, pelotazos urbanísticos, malversación de fondos, tráfico de influencias o prevaricación, son tan cotidianos que se han convertido en algo socialmente aceptado. Por eso, el primer paso para revertir esta situación y recuperar nuestra soberanía, es el control y la fiscalización de nuestros gobernantes, empezando por nuestros Ayuntamientos. ¿Cuántos de nosotros conocemos en qué se gastan nuestros impuestos? ¿Cuántos de nosotros participamos en los plenos y hacemos propuestas? ¿Cuántos exigimos información sobre las cuentas del consistorio, los libros de registro de entrada y salida o los expedientes urbanísticos?

Desde hace unos meses, en el Foro Social se ha constituido un grupo de auditoría de las cuentas municipales. Algunos hallazgos en el análisis de los presupuestos municipales de 2013 pueden ser reveladores: ¿Saben los criptanenes que los consorcios (Consermancha, Promancha, Manchacentro tv, servicio de incendios, etc.) se llevan más de 900.000 € y que estos se gestionan de manera completamente opaca? ¿Saben que la empresa de suministro de aguas Aquagest se lleva todos los años casi un millón de euros, lo que supone un 10% del total del presupuesto, por un pésimo servicio? ¿Saben que la depuración de las aguas en la estación depuradora de Alcázar nos cuesta 360.000 € pero que desde el verano pasado se están vertiendo las aguas residuales al Záncara? ¿Saben que el alcalde y resto de concejales liberados se llevan más de 35.000 € por dietas, sin contar las que reciben de los consorcios y otras instituciones? ¿Saben que los partidos políticos representados en el consistorio se llevan casi 60.000 euros del dinero público? ¿Cómo se justifica que el IBI haya subido de golpe casi un 30%? Son muchas las preguntas como estas que deben ser respondidas por nuestros gobernantes y controladas por la ciudadanía. Por eso te animamos a sumarte a este grupo de trabajo escribiendo al correo forosocialcriptana@gmail.com.

La democracia no es algo que se conquista un día y se disfruta para siempre, sino que requiere de una construcción continua. La transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos son la mejor receta para salir de la crisis.