Viviendo en deudocracia

Cuando en octubre de 2007 se produjo en Wall Street el estallido de la burbuja inmobiliaria, muy pocos se imaginaban las repercusiones que aquello tendría sobre nuestras vidas. Aunque el epicentro del cataclismo parecía estar lejos, su onda expansiva se transmitió con rapidez a todo el sistema financiero internacional y, por ende, también al sistema productivo, originando una crisis mundial sin precedentes.

Desde entonces, en todo el Estado millones de personas han perdido su empleo, su casa y muchos de los derechos sociolaborales conquistados en el último siglo. No hace falta leer los periódicos o escuchar las noticias para percibir la gravedad de la situación, porque todos tenemos algún amigo o familiar, de no ser nosotros mismos, que ha perdido su trabajo, que ha agotado la prestación por desempleo o que ha sido desahuciado, y cuya vida, junto con la de su familia, se ha convertido en una trágica pesadilla. No es cuestión de evadir responsabilidades, que todos las hemos tenido, pero nos preocupa cómo ante esta dramática situación se ha ido imponiendo el discurso del “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” dando pie a la justificación de los brutales recortes sociales con los que estamos siendo agredidos, pero, lo que es peor, desviando el foco de atención de los verdaderos responsables de esta crisis.

NO, la crisis no la hemos creado nosotras. Nada más lejos de la realidad. La crisis del endeudamiento es inherente al sistema capitalista, que funciona a crédito. Es consustancial a un modelo regido por la banca, que basa su existencia y sus beneficios en generar enormes deudas. En Europa, han sido los bancos alemanes, y en menor medida los franceses, los que, para dar salida al capital acumulado durante la época de bonanza gracias a las exportaciones de estos estados, fomentaron el endeudamiento de la ciudadanía de los países periféricos, engrosando así, entre otras cosas, la burbuja inmobiliaria española, por una doble vía: el préstamo barato a las constructoras y la facilidad para conseguir una hipoteca inflada, sin ninguna garantía de pago. El sobreendeudamiento estaba ya servido.

Sin embargo, al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, la mayor parte de la deuda actual no tiene su origen en un excesivo gasto de los Estados para cubrir las necesidades sociales. No ha habido un cambio en las políticas europeas de los últimos años que permitiera asumir un mayor nivel de déficit para responder a las necesidades y demandas de la población europea. De hecho, la deuda pública media de la UE cayó de un 72% a un 67% del PIB entre 1999 y 2007. En el caso del Estado español, la deuda pública ni siquiera llega al 20% de la deuda total española, y si en muchos casos las deudas públicas se han disparado, ha sido por los rescates bancarios que los gobiernos europeos llevaron a cabo durante 2008 (el rescate bancario que Irlanda llevó a cabo le costó a su población el 30% de su PIB, colocando su nivel de endeudamiento en el punto más alto de su historia). Es decir, en la transferencia directa de dinero público al ámbito privado.

Y ahora pretenden que todos carguemos con el dogal de esta deuda, que seamos responsables y nos apretemos el cinturón, que aceptemos de buen grado los “planes de austeridad”, que no son sino los mismos planes de ajuste estructural que hundieron a las economías de los países del Sur en la década de los 80. Y mientras se ponen en riesgo la vida de millones de personas, se acentúa la concentración de la riqueza en muy pocas manos (el número de personas con más de 1 millón de dólares en efectivo aumentó en un 7,2% durante 2010). Es la “doctrina del shock” aplicada sin miramientos, para reflotar al sistema capitalista a costa de despojar a la clase trabajadora de los pocos derechos y recursos que les quedan.

Pero por si alguien se niega a este chantaje y para prevenir que algún estado periférico no se pliegue a las directrices de los estados centrales, también es preciso despojar a los pueblos de su soberanía. Así, en los últimos meses estamos viendo cómo las políticas de muchos países de la Unión Europea ya no dependen de los propios Estados, sino que vienen marcadas por las directrices de los organismos del capitalismo internacional, donde la Comisión Europea es uno más. Los casos más escandalosos están a la vista y sin pasar por ningún tipo de comicio democrático, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, los presidentes de Grecia e Italia, Lucas Papademos y Mario Monti, son personajes ultra-neoliberales que nos han impuesto, que tienen intereses en la banca privada, tienen lazos con Goldman Sachs (el mayor banco de inversiones del mundo que maneja un volumen de dinero ficticio casi equivalente al PIB anual mundial) y, por tanto, son responsables de haber ocasionado la crisis económica actual.

En el Estado español, el intervencionismo directo del poder financiero ha sido igualmente mayúsculo, ya que, pasando por encima de las más mínimas normas de la propia democracia formal, se ha cambiado el texto constitucional en el sentido de garantizar el pago de la deuda a los bancos acreedores, el pago de intereses abusivos, de reducir el gasto social, de sancionar cualquier desviación del control del déficit público, de velar por el ajuste estructural impuesto por las políticas económicas derivadas del Pacto por el Euro. Un pacto por el que, a partir de ahora, la Comisión Europea, o mejor dicho, las grandes sociedades financieras que la controlan en la sombra, se arrogan competencias en materia presupuestarias y fiscal, despojándonos de la poca soberanía que aún nos quedaba.

¿Quién dijo democracia? Abramos los ojos de una vez, vivimos en la dictadura de la banca y los mercados financieros.

Si queremos revertir esta situación y recuperar nuestra soberanía, tendremos que empezar a llamar a las cosas por su nombre y plantear otras salidas. Y no nos referimos únicamente a las soluciones obviamente necesarias para revertir el problema y eliminarlo de nuestro futuro, como establecer un control público de los mercados financieros y especulativos, marcar más impuestos a las mayores rentas, nacionalizar la banca, detener las privatizaciones dando su control a los ciudadanos y trabajadores o localizar las economías para hacerlas más justas y sostenibles medioambientalmente. También se debe examinar rigurosamente la legitimidad y la legalidad de las diferentes deudas, a través de auditorías abiertas y transparentes. Y las deudas calificadas como ilegítimas (es decir, el dinero empleado para rescatar los bancos tras especular en los mercados y que ahora es deuda), deben repudiarse y enjuiciar a sus responsables.

Pero para conseguir todo esto es imprescindible la movilización ciudadana. De ahí la importancia de participar en movimientos de empoderamiento popular como el reciente 15M.